Llevo casi 40 años dedicado a la protección contra incendios en el Perú. Comencé a los 17 años como bombero voluntario y desde entonces he vivido esta historia sin pausas, desde dentro. Por eso la cuento en primera persona, no como teoría, sino como experiencia acumulada.
La protección contra incendios en mi país no nace de la planificación ni de una visión de seguridad colectiva, nace del caos. Un caos marcado por el terrorismo que azotó al Perú durante décadas, por la violencia estructural y por los desplazamientos forzados que empujaron a cientos de miles de personas a ocupar cerros y bordes urbanos sin servicios básicos, sin infraestructura y sin protección frente al fuego. En ese contexto, los incendios eran parte de la rutina diaria. No existían normas, no existía fiscalización y no existía la idea de la seguridad contra incendios como un derecho.
Luego vinieron los grandes incendios urbanos. Mesa Redonda fue una tragedia enorme, con impacto estructural limitado. El verdadero punto de quiebre fue el incendio de la discoteca Utopía, no por el número de víctimas, sino por quiénes fueron. Murieron jóvenes de familias acomodadas, con visibilidad mediática y peso social. Ahí cambió la voluntad política y apareció la urgencia normativa que impulsó una transformación acelerada del marco regulatorio.
A partir de ese momento se construyó un marco normativo moderno y técnicamente exigente, pero también profundamente prescriptivo, en un mercado sin competencia profesional real en protección contra incendios. Se regularon sistemas activos, pasivos, evacuación, resistencia al fuego y detección, sin que el país desarrollara en paralelo la formación técnica necesaria. Como dice Torero, seguimos siendo ciegos discutiendo de colores.
El problema más grave es que este modelo plutocrático e hiperprescriptivo creció de forma desequilibrada, basado en capas sucesivas de exigencias y soluciones estándar, muchas veces desconectadas de la realidad urbana y social del país.
Hoy convivimos, como siempre, con una contradicción brutal. Por un lado, edificios de más de 20 pisos completamente equipados con bombas contra incendios, rociadores en toda la edificación, escaleras protegidas, cerramientos cortafuego y sistemas redundantes. Por otro lado, a pocos metros, vistos desde una ladera, asentamientos humanos donde no existe nada para protegerse del fuego. No hay detección, no hay extinción, no hay acceso, no hay planes, no hay agua. El sistema de alerta sigue siendo el mismo de siempre: un perro ladrando.
Las imágenes que acompañan esta publicación resumen mejor la realidad del país que cualquier discurso técnico. El problema del Perú no es solo normativo ni técnico, es un problema de justicia y equidad. De a quién va dirigida la protección y a quién se le sigue negando.
Mientras la seguridad contra incendios no llegue a todos, cualquier discusión puramente normativa seguirá siendo incompleta.
