El aumento de la población, el desarrollo de urbes y la industrialización masiva en Latinoamérica han traído consigo, junto con el progreso, la proliferación de ciudades e incendios cada vez más complejos. Latinoamérica ha venido sufriendo un importante desarrollo progresivo de sus ciudades, pero a la par de este desarrollo se han incrementado y complejizado los incendios.
Las tragedias de las últimas décadas en Latinoamérica han traído consigo una creciente preocupación por incrementar las medidas de protección contra incendios en nuestras comunidades; lo que ha desencadenado en la necesidad de elaborar estrategias de protección contra incendios en las edificaciones, las normativas en protección contra incendios que se vienen desarrollando, son una clara muestra de esta preocupación e interés.
Sin embargo, la velocidad con la que se ha reaccionado a las crecientes necesidades de resolver el problema de los incendios, ha sido menor que la velocidad con la que se han desarrollado las ciudades, generándose un círculo vicioso de informalidad.
Esta lenta velocidad tiene una explicación clara, que es no conocer el fenómeno del fuego. Como el fuego es un fenómeno muy complejo que ha sido materia de muchos estudios, las normas de diseño, son el resultado también de un muy complejo y armonioso conjunto de reglas que deben ser analizadas y más importante aún “aprehendidas”. Sólo el entendimiento profundo de todos los conceptos que en las normas se desarrollan y que luego son validados y/o cuestionados por la comunidad científica, permitirán a los profesionales dedicados a la implementación de toda la cadena preventiva de incendios, poder estar preparados para afrontar las necesidades crecientes de ciudades cada vez más modernas y peligrosas.
Actualmente cualquier proyecto de protección contra incendio en nuestros países se compone de un conjunto de piezas desarticuladas, como un rompecabezas donde cada uno coloca una pieza. Como consecuencia de ello se generan vacíos, brechas y deficiencias en el proceso, que sólo se detectan cuando las desgracias ocurren. Sin embargo, si esta compleja cadena no se evalúa de manera integral, caemos en el enorme error que actualmente enfrentamos, donde la falta de profesionales responsables de la integralidad del sistema de seguridad contra incendios (Ingenieros de Protección Contra Incendios), ha permitido un esquema desarticulado, donde muchos profesionales ven de manera individual una parte del proceso. Como resultado de esto, los principales afectados son los inversionistas que apuestan por el crecimiento de las ciudades, pero encuentran obstáculos como consecuencia de la falta de competencias de quienes exigen, diseñan, revisan y aprueban los proyectos, y más importante aún, las víctimas que mueren en incendios o pierden sus propiedades, a pesar de los esfuerzos individuales o gubernamentales que se realizan.
Ante la carencia de una acreditación que asegure un nivel razonable y confiable de los profesionales dedicados a la protección contra incendios para las personas y los bienes, la comunidad Latinoamericana viene clamando con mayor ímpetu, el establecer las competencias mínimas que un profesional de esta especialidad debe cumplir. Nuestra realidad es la de ser países desorientados y desregulados en los que la seguridad contra incendios parece ser, o sólo un “buen negocio”, o el resultado de los temores políticos, o una consecuencia equívoca de los mitos y creencias de las personas.
Para ser más específicos en el enfoque del problema y la situación de nuestra realidad, existe una falta general de conocimiento sobre la ciencia de los incendios, y muchos de los profesionales dedicados a la protección de las vidas de las personas, no tienen las competencias o credenciales adecuadas. En nuestros países la protección de la vida de las personas frente a los incendios, está en manos de profesionales que durante sus carreras en la universidad, no han tomado ningún curso de Protección contra Incendios y la mayoría de ellos no tomó ninguna especialización en la materia como para ser considerados Diseñadores o la Autoridad Competente, sin embargo lo son y pelean por seguir siéndolo, como si la seguridad fuera un buen negocio que están perdiendo.
Las Universidades y la autoridad competente en materia de acreditación de los profesionales que aseguren un nivel razonable y confiable de protección contra incendios para las personas y los bienes (digamos los colegios profesionales), parecen no tener la intención de reconocer y solucionar esta realidad. Mientras tanto el esfuerzo por desarrollar una comunidad más segura en materia de protección contra incendios para las personas y los bienes, seguirá en las manos individuales de aquellos que diseñamos, instalamos y le damos mantenimiento a los sistemas de protección a la vida, sin que contemos con las debidas certificaciones y conocimiento adecuado, además de acreditado.
Diseñar un sistema integral de protección contra incendios tiene por objetivo no sólo proteger propiedades sino más importante proteger vidas humanas. El que forma parte de la cadena preventiva de los incendios funge de médico, que tiene que recetar medicamentos a un paciente para prevenir su muerte, esto conlleva no sólo una responsabilidad profesional, sino una responsabilidad técnica y legal, que aquellos quienes tienen la prerrogativa conferida por la ley, parecen no entender. Desde el punto de vista técnico, el profesional que piensa que diseñar un sistema integral de protección contra incendios, tiene como tarea principal seguir las instrucciones de una norma, como si fuera un recetario de cocina, cae en el error de dejar de contemplar que la carencia de conocimiento sobre las variables tan complejas que arrastra el fenómeno de un incendio, pueden permitir que un resultado calamitoso sea generado por malas prácticas profesionales durante el diseño.
Desde el punto de vista legal, cae además en el enorme error de dejar de asumir las implicancias que una mala práctica profesional durante el diseño, pueden traer consecuencias desastrosas sobre las personas que no han sido protegidas adecuadamente. Un evento de incendio no controlado y que deje como secuela la pérdida de vidas, la incapacitación de las personas afectadas, la paralización de un negocio o las pérdidas materiales, y que a la luz de una análisis posterior demuestre que hubo negligencia profesional, puede traer consecuencias legales que todo profesional dedicado a alguna parte de la cadena preventiva, debe tomar en cuenta.
Si bien las normas de diseño contra los incendios pueden ser una herramienta fundamental para prevenir los daños ocasionados por los incendios sobre la vida de las personas y los bienes, también es necesario reconocer sus limitaciones y alcances. El cumplimiento de las normas no garantiza que la vida está protegida, y tampoco que se pueda aplicar extensivamente a todos los casos, ya que ella sólo representa un conjunto de reglas de lo previsto mas no de lo imprevisto, y además porque la experiencia demuestra que siempre es necesario hacer ajustes en ellas para adecuarlas a situaciones que cambian conforme a la experiencia, a los hechos concretos y al cambio en los deseos y preferencias de las personas.
En tal sentido un profesional dedicado a la implementación de alguna de las partes de la cadena preventiva debe reconocer que el proceso es muy dinámico y cambiante, y que está sujeto a múltiples posibilidades de falla. Si algún día algo así sucede, es decir si posterior a una calamidad se descubre que hubo negligencia profesional durante el desarrollo de un diseño, o se descubre que se ha incumplido algún requerimiento normativo, los profesionales, que actualmente son reconocidos como la autoridad competente en protección contra incendios, se verán inmersos en una responsabilidad legal que será muy difícil de sustentar. Evidentemente el Gremio o Colegio que los agrupa tampoco podrá sustentar una defensa legal, ya que en verdad no existe académicamente ningún aval para poder demostrar que los profesionales que actualmente son considerados por la ley como la “autoridad competente”, han sido convenientemente preparados. Tampoco parece ser que han sido advertidos sobre las implicancias que tiene analizar y respetar todos los requerimientos normativos, que terminan además siendo requerimientos legales. Los resultados posteriores a esta realidad, serán afrontar una posibilidad muy alta y bien definida de ser responsables penales de sus actos.
Lo peor aún es que, ante la carencia de formación profesional acreditada, un evento así traerá consigo arrastrar a otros entes del proceso, pues aparecerán los cuestionamientos típicos de países desorganizados como los nuestros, que pondrán en agenda a los diversos estamentos que permitieron que haya quedado en manos de profesionales no preparados, una responsabilidad tan grande.
Estos fenómenos que aún no alcanzamos a comprender, sólo los comprenderemos cuando algo así suceda. Esperemos pues que nunca suceda, pero no por eso, dejemos de estar preparados para afrontarlos. Este modelo no puede funcionar de esta manera, y en ese camino deberíamos avanzar.
Tenemos décadas implementando sistemas de protección a la vida sin ningún tipo de acreditación exigible, donde la labor de las universidades, de la comunidad educativa y académica y de los gobiernos ha sido nula en este aspecto. Como consecuencia de ello nos hemos llenado de cursillos de 3 días donde los asistentes pretenden hacerse creer expertos en la materia gracias a estos cursos, o en su defecto nos hemos vuelto aprendedores por preguntas y respuestas, que con el advenimiento de las redes sociales es cada vez más creciente el nacimiento de sistemas de traspaso de conocimientos de unos a otros a través de preguntas y respuestas que se hacen por estas redes. La consecuencia de estos métodos de aprendizaje es la total informalidad en el conocimiento.
También es notorio resaltar algo con respecto a la actitud de los profesionales que tenemos el compromiso de cambiar esta situación, y es que en el mundo comercial van a haber opiniones y conflictos comerciales, pero si las personas que están tratando de levantar el nivel no se van a poner de acuerdo, el resultado será siempre el mismo: La desacreditación del conocimiento, la utilización indiscriminada de adjetivos negativos que se convierten en una parte fundamental del proceso de desacreditación. En un mundo de profesionales competentes que se respetan, las críticas se hacen de manera interna, esta es la metodología de los médicos donde uno jamás va a criticar a otro a menos que sea dentro del contexto del colegio profesional, sólo de esa manera se puede proteger a la profesión y se pueden arribar en mejoras que hacen siempre más perfectible cada parte del proceso de protección a la vida frente a los incendios. De no cambiar estas actitudes, el daño que se produce en la comunidad profesional es enorme y seguirá siéndolo mientras no nos demos cuenta que las divergencias no suman, sino restan, y mantienen una brecha en el puente que jamás se cerrará.
El objetivo a largo plazo y el proyecto más ambicioso de una política Latinoamericana de protección contra incendios, es formar una corriente profesional que busque cambiar la forma en que nuestros países miran el problema del fuego, y lograr que los estándares para la protección contra incendios nazcan del conocimiento de la ciencia y la investigación, y no como consecuencia de la mala experiencia, de la reacción de la gente, de la tristeza de ver como se pierden vidas inocentes y de las reacciones emotivas de los políticos frente a las grandes tragedias que de vez en cuando tocan las puertas de nuestras Naciones y nos hacen ver cuán débiles somos ante esa energía tan noble y tan poderosa, pero a la vez tan despiadada: “El Fuego”.
SIN FORMACIÓN NO HAY SALVACIÓN